El pasado viernes, el Gobierno presentó su anteproyecto a la Ley de Economía Sostenible y, desde entonces, Internet es un coro de protestas. El motivo del clamor 2.0 en contra de esta nueva normativa es que introduce modificaciones a otras dos leyes: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y La ley de Propiedad Intelectual (LPI). Tras casi tres años de infructuosas negociaciones entre los operadores de acceso a Internet y la industria de contenidos culturales, el Gobierno ha tomado cartas en el asunto con una ley que, en la práctica, permite a la industria de contenidos, representada por las entidades de gestión de derechos de autor, solicitar el corte del acceso a Internet en el supuesto de que se ponga en peligro la «salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual».
En otras palabras, la ley permitirá cerrar páginas web que sean sospechosas de colgar archivos protegidos por Copyright o facilitar el acceso a estos ficheros. La medida ha sido acogida como una puñalada por la espalda en la red, donde se considera que el Gobierno ha introducido los cambios relativos a propiedad intelectual a hurtadillas para evitar polémica. Enrique Dans, Profesor de Sistemas y Tecnologías de Información en el Instituto de Empresa y uno de los bloggers más reconocidos en el ámbito de tecnologías de la información así lo expresa en su web. «En el texto que el gobierno publicó (...) no se comentaba nada sobre el tema de la propiedad Intelectual», explica Dans. Para él, la nueva ley supone «una serie de medidas completamente injustificadas en las que consagra un auténtico golpe de estado digital: la posibilidad de cerrar páginas y expulsar a usuarios de Internet con la excusa de los derechos de autor».
De la misma opinión es el abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático David Bravo. En un videochat con los lectores de '20 Minutos', Bravo calificaba el texto del Gobierno como «un intento patoso del legislador que dejará en herencia una bomba de relojería peligrosa para todos, no sólo para las páginas de links». Bravo animó a los internautas a crear 'un grupo de presión organizado que influya en la tramitación de esta nueva ley, cuyo objetivo declarado es atacar las páginas de enlaces tras el fracaso de su persecución judicial'. Dicho y hecho.
Durante la noche del lunes, los comentarios hacia la ley en redes sociales como Twitter o Facebook se han extendido como un reguero de pólvora hacia los blogs, donde han cuajado en un Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet que ya se puede leer en más de 70.000 bitácoras y páginas españolas.
Los mayores especialistas de Internet coinciden en que la aplicación de esta ley sólo servirá para crear inseguridad jurídica en el sector tecnológico y entorpecer la creación cultural. También critican la cerrazón del sector de contenidos a la hora de aferrarse a sus modelos de negocio. Contra las páginas de enlaces La Ley de Economía Sostenible, en su parte relativa a los derechos de propiedad intelectual no implica, como en el caso de la ley Hadopi francesa, que cualquier usuario de Internet que descargue archivos protegidos por copyright pueda ver su conexión cortada de la noche a la mañana.
La ley está específicamente diseñada para combatir las páginas de enlaces que, como Cinetube, Tusseries, o Elitefreak, ofrecen links de descarga directa de vídeos o música para servicios P2P como Torrent, Kad eMule. Con todo, la ley también da vía libre a las entidades de gestión de derechos de autor para que introduzcan futuras medidas en su propio beneficio.
Periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet han redactado un manifiesto donde exponen su oposición al proyecto del Gobierno. A su juicio, las medidas legislativas afectan «al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura en Internet».
El manifiesto, en sus principales puntos, señala que «los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión». También indica que «la suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial.
Los firmantes del escrito argumentan que todos los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Pero arguyen que «intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo».
CARLOS ZAHUMENSZKY en el Diario Sur de Málaga
Pues servidor lo tiene claro, en las próximas elecciones se van a quedar sin mi voto. Claro que no sólo por este nuevo desaguisado.
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