‘The New York Times’ ha dedicado una serie de artículos al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que según recoge el diario estadounidense oculta en la banca suiza HSBC cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil por valor de 2.000 millones de euros. Una riqueza que nunca ha sido declarada a la Hacienda española.
“Esta Central Sindical considera un hecho de extrema gravedad que, mientras Andalucía es la Comunidad con más paro y los andaluces ven peligrar sus derechos sociales en Enseñanza, Sanidad o Dependencia, la Junta otorgue, sin justificación previa alguna, más de 54 millones de euros a sus sindicatos afines y más de 36 a la Confederación de Empresarios para formación.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios,CSI·F, en Andalucía quiere poner de manifiesto su malestar e indignación al comprobar cómo la Junta de Andalucía ha repartido más de 90 millones de euros entre sus dos sindicatos afines y la Confederación de Empresarios de Andalucía en una época de crisis y ajustes para todos los ciudadanos andaluces.
A juicio de CSI·F Andalucía es un hecho indignante y lamentable que la Junta de Andalucía otorgue, sin control ni justificación previa, una cantidad tal de dinero a sus sindicatos afines cuando nuestra Comunidad es la región del país con mayor tasa de paro y mientras los ciudadanos andaluces ven peligrar a diario sus puestos de trabajo y sus derechos sociales públicos en Enseñanza, Sanidad o Dependencia, como ya ha denunciado reiteradamente CSI·F Andalucía.
Tal y como recogía el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en su edición del jueves 12, la Consejería de Empleo otorgó, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, casi 54 millones de euros a los sindicatos más relacionados con la Administración, que no los más representativos, para formación y empleo, aunque éstos no tendrían que justificar dichas subvenciones. Por su parte, a la CEA le beneficiaba con algo más de 36 millones de euros.
En este sentido, es además más agravante para la ciudadanía andaluza que dichas subvenciones se hagan sin control ni justificación previa, requisitos que deben sobrepasar el resto de entidades y organismos que reciben cualquier ayuda o subvención por parte de la Administración, mientras que bombardean a la ciudadanía andaluza con ajustes, posibles recortes y disminución de servicios públicos.
Para CSI·F Andalucía, este hecho no es más que otra demostración de la complicidad de la Junta de Andalucía mantiene con algunos sindicatos y organizaciones empresariales que están de su lado en asuntos tan turbios y poco claros como la Reordenación del Sector Público Andaluz.
Por todo ello, CSI·F Andalucía quiere anunciar que, como ya ha hecho en otras ocasiones, ejercerá todas las medidas legales oportunas para aclarar esta situación y para que los andaluces no vean vulnerados de nuevo sus derechos ante esta tropelía e insulto a la ciudadanía andaluza.”
Central Sindical Independiente y de Funcionarios,CSI·F, de Andalucía
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, nos pide a los españoles "un esfuerzo más". Alberto Fabra Part, presidente de la Generalitat Valenciana, dice que los valencianos "vivíamos por encima de nuestras posibilidades".
“Trabajo desde hace 14 años en I+D y desde hace 10 años lo compatibilizo con unas horas semanales de profesor en la universidad. Me esforcé de niño y adolescente en intentar aprender, sacar buenas notas y pasarlo bien. Me esforcé en la universidad para sacar la carrera y pasarlo bien. Me esforcé luego dando clases particulares y continúo ahora esforzándome en mis dos trabajos. Hace 10 años, junto a mi pareja, compramos un piso que entraba dentro de nuestras posibilidades. Ahora, tras 10 años de esfuerzo, hemos ahorrado el dinero suficiente para pagar lo que nos queda de hipoteca. Llevo años esforzándome y nunca he vivido por encima de mis posibilidades. Podía permitirme coches más caros pero no los he comprado, nunca he pedido un crédito para irme de vacaciones, reformé mi piso cuando tuve dinero para hacerlo. Me esfuerzo en educar a mis hijos lo mejor posible, los llevo a la escuela pública y me esfuerzo en la asociación de padres para ayudar a mejorarla. Cuando mis hijos enferman los llevo a la sanidad pública y si me queda jarabe en casa le digo al médico que no me haga una receta que no necesito.
Ahora estoy a punto de quedarme sin trabajo gracias a los que han vivido "por encima de nuestras posibilidades". Ahora me piden "un esfuerzo más". Yo siempre he pagado puntualmente la hipoteca y lo sigo haciendo así que no he hundido a la banca. Yo no he hecho bajar la Bolsa, no he hundido los mercados, no he inflado la economía, no he especulado con la vivienda, no he organizado carreras de coches en mi ciudad, no necesito un aeropuerto sin aviones, no tengo yate para ver la salida de la Copa América, no he ido nunca a ver la ópera en el Palau de les Arts. Yo no he deteriorado la escuela ni la sanidad públicas, no he tenido becas ni subvenciones, no he cobrado nunca el paro ni he provocado déficit al Estado, la autonomía ni la Seguridad Social. Yo no conozco a Moody's, Fitch ni Standard & Poor's pero sí conozco a los que vivieron por encima de mis posibilidades. Yo no les voté, a mí no me representan.
Soraya, el esfuerzo se lo pides a ellos.”
FRANCISCO PASTOR GUZMÁN - Castellón - 17/01/2012
Carta publicada en el diario El País
“Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.”
FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Me divierte esta gente. Ya no saben qué hacer para llamar la atención. Su «marketing» –perdón por la cursilería– se sustenta en la grosería calculada y la incoherencia. Hace pocos días, el Instituto Reina Sofía de Nueva York entregó sus premios. No tengo la relación de los miembros que componen su jurado, pero me temo más de una sorpresa. Entre los premiados estaba el inevitable Javier Bardem. Todos los presentes, empezando por la Reina, protocolariamente vestidos. Pero como Javier Bardem es comunista y republicano, se presentó sin corbata para parecer más de izquierdas. La Reina le entregó su medalla y Javier Bardem se la agradeció recordando a la Reina su condición de republicano, detalle que a la Reina y al resto de los presentes les importa un bledo. El día que le concedan el Premio Quesos de Castilla, lo dirá cuando reciba el queso: «Muchas gracias, pero soy republicano». Años atrás, encabezó el movimiento de la Ceja con su oposición a la guerra de Irak y llamó asesino a Aznar. Poco después, el Gobierno socialista de Zapatero mandó a nuestros soldados a luchar en la guerra de Afganistán. Pero Bardem se calló, seguramente por su condición de republicano. También, desde su condición de anticapitalista y antinorteamericano, montó un «lobby» para acceder a la posibilidad de ser premiado con un «Oscar». Es un buen actor y ganó el «Oscar». Y a pesar de que se lo daban en los Estados Unidos lo aceptó encantado, olvidando su condición de antinorteamericano, anticapitalista y republicano, que allí en Estados Unidos significa ser muy de derechas.También es un decidido defensor de la causa palestina, y los judíos le caen muy mal. Pero lo que son las cosas. Ingresó a su mujer, Penélope Cruz, en unos de los hospitales más caros del mundo para que ésta diera a luz al hijo de ambos. En un hospital de Los Ángeles fundado y administrado por la comunidad judía. Lo normal y lógico en un antinorteamericano, anticapitalista y antisemita. El feliz matrimonio viene poco por España, porque aquí el cine no tiene dinero, y el anticapitalista busca dólares en otros mercados. Pero como las raíces tiran, el joven matrimonio anticapitalista, antinorteamericano, antisemita y republicano ha elegido para vivir la urbanización «La Finca», la más exclusiva de los entornos de Madrid, y hace muy bien, porque un comunista anticapitalista tiene todo el derecho a vivir entre multimillonarios si puede mantener ese nivel de vida. Y cuando le pregunte un inocente militante comunista el motivo de tanto lujo, el coherente le responderá: «Ya ves, vivo ahí, pero soy republicano».
Sentirse comunista, antinorteamericano y republicano, no garantiza la coherencia. Por respeto a la Reina, pero más aún, por respeto a su condición de republicano, no se acepta el premio del Instituto Reina Sofía, y si se acepta, se acude vestido de premiado, no de grosero marginal. Por respeto a su condición de antiamericano y anticapitalista, no se acepta el «Oscar». Por respeto a sus simpatías palestinas y desafectos hacia Israel, no se tienen los hijos en un hospital judío carísimo. Y por respeto a su condición de comunista, no se hace uno una casa en la urbanización más selectiva de Madrid. Y todavía hay gente que admira su militancia en la izquierda. Gente muy divertida, por otra parte.
Desigualdad y Opacidad
Mariano Aguayo. Tribuna Libre. El Mundo. 18 de Mayo.
“Siempre se dijo que, en nuestra querida España, había dos fiestas nacionales: los toros y las oposiciones. Con la reordenación del sector público de la Junta de Andalucía que acaba de publicarse en el BOJA, en Andalucía, sólo quedan los toros, pues las oposiciones ya no van a ser necesarias en mucho tiempo.
Los actuales responsables del Gobierno han metido a ejercer funciones de empleados públicos a miles de personas sin que medie oposición alguna ni, por tanto, concurran los principios fundamentales para el acceso a la Función Pública en condiciones legales de igualdad, mérito y publicidad.
El movimiento ciudadano de los miles de Empleados públicos de Andalucía, que durante los últimos doce meses se han dejado la piel en la calle para que la sociedad reaccione acerca de sus reivindicaciones, debe de llevamos a una reflexión en profundidad acerca de lo que está ocurriendo. Quizás lo que están protagonizando los empleados públicos sea el movimiento espontáneo y libre más importante de nuestra historia en democracia. Es de una trascendencia fundamental que, sin vinculación alguna con partidos políticos ni organización subvencionada alguna, los empleados públicos lleven, horas, muchas horas, días y meses en la calle defendiendo una causa que es de todos, pues los fundamentos del Estado de Derecho son los que están a punto de saltar por aires si lo publicado en el BOJA va adelante. No es una cuestión de intereses particulares lo que se está dilucidando en Andalucía; son los fundamentos que deben garantizar la legalidad en el funcionamiento de la administración.
Para nuestro despacho de abogados es un honor haber sido elegidos, entre los magníficos profesionales que hay en Andalucía en el mundo del Derecho, para defender esta compleja causa. Nos supone una sorpresa que varios miles de empleados públicos den el paso adelante de encargar una defensa, tan compleja, costosa y dura sin perseguir un beneficio directo y egoísta.
Simplemente por la tranquilidad de que en Andalucía se siga, por ellos, por sus hijos y por los hijos de sus hijos, concurriendo legalmente con todas las garantías a la Función Pública. Y lo que es tan importante como lo anterior, que la Función Pública se pueda ejercer entre profesionales que han concurrido legalmente a su puesto y que no tienen que agradecer a nadie su incorporación.
De prosperar la reordenación del sector público andaluz, tal como se ha publicado, el poder, el poder del día a día, el que se consuma por la resolución de la distribución de los concursos o la resolución de los expedientes administrativos en las sanciones a los ciudadanos se ejercerá por personas que accedieron a su puesto de trabajo sin los requisitos básicos que exige la ley para ejercer la función pública. Accedieron en base a la confianza, proximidad o el criterio que en cada momento el responsable de su empresa tuvo por conveniente aplicar.
Esto supondría que salten por el aire las bases de las garantías que cualquier ciudadano tiene ante la Administración; si el señor que se sienta frente a usted ha sido colocado, no por sus méritos, no por su capacidad, no concurriendo con otros, sino con un criterio absolutamente privado de selección sin garantía alguna, usted estará indefenso. Es el control en el ejercicio del poder el que estamos decidiendo en estos días en Andalucía.
Lo que vamos a tener el honor de defender en nombre de miles de empleados públicos anónimos, que de manera absolutamente altruista están apoyando esta defensa, es la garantía de que la Administración sirva al ciudadano, no a los intereses de algunos. Vamos a recurrir todos y cada uno de los actos que entendemos pueden consumar el despropósito generado por la reordenación, además de la violación de derechos fundamentales. Vamos a pedir justicia cautelar, pues entendemos que sólo suspendiendo esta chapuza como de manera coloquial la hemos llamado, podemos dar eficiencia a la defensa.
Los ciudadanos, los empleados públicos de Andalucía, se han echado a la calle para gritar al poder que no siga por ese camino. No los han escuchado y han acelerado el paso sin mirar hacia abajo. Ahora los jueces de Andalucía, esos jueces valientes e independientes que los ciudadanos deseamos tener, tienen la palabra.”
Mariano Aguayo Fernández de Córdova es abogado y defiende a una plataforma de funcionarios.
El recorte que debería haber aprobado Rajoy
Por Juan Ramón Rallo*, publicado en su página personal
El Gobierno del Partido Popular aprobó el pasado viernes una injusta y contraproducente subida de impuestos, propia del peor Zapatero. Su justificación la encontró en la desviación extraordinaria del déficit público para este año, del 6 al 8% del PIB: resultaba imprescindible incrementar los gravámenes del IRPF para compensar el ensanchamiento de ese agujero. ¿Seguro? ¿Acaso no había otras partidas de las que recortar antes de subir impuestos?
Echemos algunas cuentas. Con la estocada tributaria, los de Rajoy esperan recaudar unos 6.200 millones, cifra a la que se añade una minoración del gasto público de 8.900 millones. En total, pues, 15.100 millones de reducción del déficit, lo que dejaría éste en el 6,5% del PIB, dos puntos por encima del 4,4% comprometido para finales de año.
La cuestión es, por consiguiente, si podemos alcanzar ese 4,4% sin subir los impuestos. Y la respuesta es que sí, se puede; pero falta voluntad política. A continuación les dejo un desglose de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 que podrían eliminarse y que permitirían reducir los gastos de la Administración central en cerca de 32.000 millones. Con este recorte, el déficit público quedaría en el 5% del PIB, sólo seis décimas por encima del objetivo para este año.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta reducción del gasto afectaría sólo al Estado central: si realizáramos un ejercicio parecido en las comunidades autónomas –donde el incumplimiento de los objetivos del déficit ha sido mayor–, el ajuste podría ser muy superior, lo que probablemente nos dejaría cerca del compromiso del 3% de déficit para 2013.
Nótese, además, que he sido extremadamente conservador en los recortes. Para no herir sensibilidades, no he recortado la remuneración general de los empleados públicos ni el mal llamado gasto social (las únicas excepciones son el PER agrario y la ingente rúbrica de los cursillos de formación de los desempleados, monumento a la ineficiencia y el despilfarro). También he optado por no tocar lo que se consideran funciones nucleares del Estado (justicia, seguridad y defensa). Eso no significa que no crea que, en un momento crítico como el actual, no hubiese que proceder a una revisión profunda de todas estas partidas: por ejemplo, rebajando un 10% la remuneración a los empleados públicos, reduciendo en un tercio su número e instaurando copagos en sanidad y la enseñanza no obligatoria y reformando la prestaciones por desempleo para acortar su duración (por supuesto, de la mano de una reforma laboral de verdad que permita una progresiva reocupación de los cinco millones de parados).
Más bien, lo que intento probar es que únicamente eliminando la grasa más escandalosa de la Administración central, en forma de subvenciones, planificación de la producción y organismos públicos innecesarios, podríamos haber logrado, sin subidas de impuestos, una reducción del déficit más de dos veces superior a la que salió del pasado Consejo de Ministros. En su lugar, el PP de Mariano Rajoy ha preferido castigar y perseguir a la economía privada con tal de minimizar el adelgazamiento de un entramado estatista cada vez menos justificable y sostenible.
Aquí les dejo mi propuesta de recortes con respecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Obviamente, no es necesario estar de acuerdo con toda ella para reconocer que hay un margen enorme para reducir el gasto sin necesidad de subir todavía más los impuestos. Tampoco es necesario defender que la rebaja del gasto deba ser permanente o total, sino sólo temporal (como temporal es, según nos cuentan, la subida de impuestos) y parcial para atajar el déficit sin subir impuestos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: 2.085 millones
Ministerio de Economía y Hacienda: 1.477 millones
Ministerio del Interior: 127 millones
Ministerio de Fomento: 5.262 millones
Ministerio de Educación: 107 millones
Ministerio de Trabajo e Inmigración: 8.098 millones
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 5.935 millones
Ministerio de Ciencia e Innovación: 5.498 millones
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 388 millones
Ministerio de Cultura: 391 millones
Miscelánea: 2.398 millones
*Juan Ramón Rallo es doctor en Economía, habiendo concluido la licenciatura con Premio Extraordinario de fin de carrera y licenciado en Derecho con Premio Extraordinario de fin de carrera por la Universidad de Valencia, así como master en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente es profesor en esta última universidad y en el centro de estudios ISEAD. Ha recibido el ‘Premio Julián Marías’ 2011 a la trayectoria científica en el ámbito de las ciencias sociales para menores de 40 años. Asimismo es analista económico de esRadio, socio fundador del Instituto Juan de Mariana y director de su Observatorio de Coyuntura Económica.
El mentiroso Rajoy ya empieza a justificarse. Ha estado diciendo a Zapatero que no era necesario hacer los recortes que hizo, y ahora dice que es necesario tomar medidas y nos endiña su primer “Rajoinazo”. Ha mentido a la sociedad y a sus votantes.
“El viernes, el Gobierno anunció desde la sala de prensa de La Moncloa el mayor ajuste presupuestario y la mayor subida de impuestos de la democracia. Los datos macroeconómicos dicen que el objetivo es enjugar el exceso de déficit, disparado hasta el 8%, para cumplir con las exigencias de la Unión Europea, a lo que se comprometió Mariano Rajoy.
Pero, ¿cómo afectarán las primeras medidas económicas a un español medio? Un español que puede ser usted, que puede tener su trabajo (si lo tiene), sus ingresos y sus ahorrillos. A nuestro español medio lo llamaremos Pepito Pérez y así tendrá que apretarse el cinturón en este 2012:
Menos dinero en la nómina. Nuestro español medio está casado, tiene dos hijos y percibe unos ingresos de unos 46.000 euros anuales, con una base liquidable que ronda los 37.000 euros. Según los datos que presentó Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, tendrá que pagar unos 475 euros más al año al erario público a través del IRPF que se le descuenta en la nómina.
Ni un céntimo más de sueldo. Pepito no está pasando una buena racha en los últimos años. Es funcionario y como tal, vio cómo el Gobierno de Rodríguez Zapatero le bajó el suelo en 2010 y se lo congeló en 2011. Ahora, el nuevo Gobierno de Rajoy ya ha anunciado que cobrará exactamente lo mismo este año que entra... a pesar de que los precios han vuelto a subir. En el último año, un 2,4%, según el IPC.
Más horas de trabajo. Nuestro ciudadano, como funcionario, tiene otra mala noticia: pasará de trabajar 35 horas semanales a 37,5. Tiene la opción de negarse a ampliar su horario, pero renunciando a la parte proporcional de sueldo.
Los ahorrillos rinden menos. El dinero que invirtió en un fondo y un depósito que tiene con su mujer en régimen de gananciales le rinden anualmente unos 2.000 euros. Tras la retención que le hace el banco para Hacienda, se le quedan en 1.640 euros. A partir de este año, por ese mismo dinero pagará 40 euros más en impuestos.
Sin aportaciones al plan de pensiones. Como funcionario, Pepito Pérez tiene otra mala noticia añadida: el Gobierno ha prohibido que se hagan aportaciones a los planes de pensiones o seguros de empleados públicos.
El IBI no para de subir. Este desafortunado español posee una vivienda con un valor de mercado que ronda los 150.000 euros por la que pagaba 150 euros de Impuesto de Bienes Inmuebles. Con la revisión aprobada por el Consejo de Ministros, el recibo se le encarece un 10% y pasará a pagar 165 euros. Aquí no sale mal parado: el incremento medio de este impuesto supera los 36 euros.
Las 'chuches' las paga el abuelo. Una buena noticia para este ciudadano medio llega con su suegro. El abuelo tiene una pensión media, que ronda los 800 euros, con lo que recibirá ocho euros más cada mes, en virtud de la subida del 1% aprobada. Para las 'chuches' de los nietos.
La niña no se emancipa. La hija mayor de Pepito estudia en la Universidad y la idea era que se marchara el próximo curso a un piso de alquiler. La joven lo tendrá más difícil con el fin de la Renta de Emancipación, que servía para dar un empujón a los jóvenes a la hora de independizarse.
La vivienda, una oportunidad perdida. Como ya hemos dicho, Pepito Pérez ya tiene una casa en propiedad y no tiene ni dinero ni intención de comprarse otra. Una lástima, porque es un buen momento para hacerlo: se recupera la deducción por compra y se mantiene el IVA reducido al 4%.”
Fuente: El Mundo
