Ante lo que sucede en Málaga con los presuntos, y no tan supuestos, casos de corrupción urbanística que la justicia viene destapando y que inciden en servidores públicos, familiares, allegados y promotores, lo lógico hubiera sido que los partidos políticos actuaran. Deberían haberlo hecho para restituir la legalidad violada, el medio ambiente dañado, y como un rearme moral para prevenir la desafección a las urnas que puede asolar a una ciudadanía desconcertada que ni está contaminada ni tiene por qué ser cómplice de estos estercóreos.
Pero parece que Málaga fuera diferente. Aquí no es ésta la respuesta de las direcciones del PP y PSOE, sino más bien la contraria. Trasladan la imagen ‘victimista’ de leyes injustas que recaen sobre sacrificados de la salvaguarda y el interés general. Ignoran la raíz normativa sobre la que se tipifican los delitos, e incluso osan interpretarla hasta dar lecciones sobre su resolución -supliendo al Poder Judicial- con la interesada calificación de meras faltas administrativas. Plantean la reforma de las leyes urbanísticas -presionando para reemplazar la voluntad del legislativo- rompiendo, incluso, en sus discursos -peticiones de amnistías o indultos- uno de los pilares en que se fundamenta nuestra seguridad jurídica: la imposibilidad de la retroactividad en la aplicación de las leyes. Eso, cuando no descalifican al ejecutivo andaluz por su empecinada actitud de velar y hacer cumplir la legalidad. Es decir, un cúmulo de despropósitos atentatorios contra la separación de poderes del Estado de Derecho.
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