viernes, 15 de marzo de 2013

Melendi - Tu Jardín con enanitos

miércoles, 6 de marzo de 2013

Los españoles al límite

Los españoles al límite. Por Javier Benegas

“El pasado mes de febrero, el Fiscal General del Estado asistió a una cena-coloquio en la sede de un conocido club madrileño. En su obligada alocución a los allí congregados, el ilustre personaje hizo una encendida defensa de las instituciones del Estado, entre las que estaría en lugar destacado la Monarquía. Y quizá por un exceso de celo o por una lealtad equivocada, terminó haciendo responsable a la sociedad española, en general, y a los medios de comunicación, en particular, del deterioro institucional de España. La razón esgrimida: la crítica desaforada que, en estos días, muchos regalan a las más altas instituciones del Estado.

¡Ay, las instituciones!

Lo primero que hay que entender es que las instituciones son entes abstractos, ideas que dan forma a la organización -y el gobierno- del Estado. Con el fin de garantizar su legitimidad y longevidad, no pueden ser planificadas por un puñado de mentes rectoras o planificadoras, sino que deben ser construidas y reconstruidas a lo largo del tiempo con la participación activa de la sociedad, de tal suerte que éstas siempre respondan a sus expectativas, pues cada generación desarrolla sus propias demandas. Y he aquí el problema, pues si bien los españoles, a la muerte del dictador, demandaban instituciones democráticas, sólo unos pocos personajes fueron quienes a puerta cerrada, como la Curia Romana que elige un nuevo Papa, se encargaron de diseñarlas, sustituyendo el inicial consenso mayoritario por un consenso de grupos –detrás de los cuales había algo más que políticos–, dando así carta de naturaleza a uno de las peores males que nos han acompañado hasta el presente: la falta de transparencia y empatía.

No se produjo un verdadero proceso constituyente, esa imprescindible reflexión colectiva, negociación, acuerdo y posterior catarsis que toda nación necesita, sino un proceso de negociación viciado que, con la excusa de la desestabilización del país y el peligro de la vuelta a la dictadura, alumbró una constitución tan chapucera y ambigua que ni siquiera explicitaba la imprescindible separación de poderes. En consecuencia, las instituciones quedaron a merced de la “buena voluntad” de quienes pasaron a ocuparlas. Y sólo era cuestión de tiempo que el modelo transitara de la ineficiencia a la corrupción y al colapso. Y finalmente, al desafecto.

¿Quiénes desprestigian a las instituciones?

Llegados a este punto, es obligado descender al menudeo y preguntarse, por ejemplo, si fueron los ciudadanos quienes animaron al rey a viajar a Botsuana para cazar elefantes en compañía de su amiga Corinna, mientras España se asomaba al precipicio de la suspensión de pagos. O si la sociedad española instó a Mariano Rajoy a nombrar de facto, en la sede de su partido y con gran alborozo de las huestes populares, al Presidente del Congreso y del Senado, vituperando a esa institución que es el Congreso de los Diputados, sin siquiera guardar las formas. Y ya puestos, si también fue el común quien exigió al Gobierno que siguiera en la estela de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y olvidara su promesa de consagrar, de una vez por todas, la independencia del Poder Judicial.

Se podrían hacer infinidad de preguntas para dirimir quién o quiénes son responsables de la mala prensa de nuestras instituciones. Y siempre llegaríamos a la misma conclusión. Su degradación poco tiene que ver con unos ciudadanos que, muy severamente empobrecidos y hartos de tanto desafuero, se desahogan descargando la frustración y la rabia como buenamente pueden. Quienes desprestigian a las instituciones son precisamente aquellos que, primero, las diseñaron, después, las colonizaron y, finalmente, las han corrompido. Ellos son los que las desprestigian todos los días, a discreción, sin encomendarse a Dios o al diablo, y aún menos a los deseos de los ciudadanos.

Las consecuencias

Cumplido el segundo mes de 2013, ya aparecen en el horizonte los negros nubarrones de una coyuntura económica internacional en franco deterioro, cuyo primer aldabonazo ha sido el desplome de las exportaciones en el último trimestre, ese frágil punto de apoyo que Mariano Rajoy, en su versión más candorosa y lela (porque sigue entendiendo la economía como un ente exógeno), pretendía usar como palanca para levantar una economía agonizante y sin pulso, atrapada desde hace años en la maraña de intereses y leyes que han fragmentado el mercado hasta casi extinguirlo. Entretanto las previsiones se desmoronan y las estrecheces aumentan, muchos de nuestros políticos, que se han dedicado a coleccionar secretos como si fueran fichas de un casino, han decidido sentarse a la mesa y hacer sus apuestas. Y del inicial goteo de escándalos hemos pasado a un chaparrón de traiciones que ha llenado todo de mugre. Así, la casta catalana, corrompida hasta la médula, se lía la manta a la cabeza y se dispone a expropiar una parte de España; el gobierno, en estado de shock permanente, a expensas del chantaje de un sargento chusquero amo y señor del cuartel popular hasta ayer mismo; el partido socialista, inmerso en su propia agonía, en manos de cadáveres andantes; la izquierda marxista, surfeando feliz en la creciente ola de descontento; el rey, exiliado en los quirófanos; y el heredero cortejado por quienes ya planifican a la desesperada una prórroga de un régimen que se agota.

Mientras España se descompone y con ella sus instituciones, a pie de calle florecen definiciones escalofriantes, que sirven para clasificar la creciente miseria. Pobreza energética, para quienes ya no pueden pagar ni luz ni calefacción; nuevos pobres o los vergonzantes, para las clases medias que acuden a los comedores sociales; e inmigración cualificada, para referirse a las personas con talento, que escapan a la carrera –afortunados ellos– de esta pesadilla interminable.

Hace ya mucho tiempo que cruzamos una extraña línea. Y desde entonces todo es posible en esta España que desborda el esperpento y se ha convertido a la vista de todos en la patria de los “listos” y listillos; los corruptos y delatores. El país del toma el dinero y corre, en el que sólo los tontos o muy tontos estudian, trabajan y pagan impuestos. Y aún hay quien se sorprende de que muchos arremetan contra las instituciones, cuando ahí precisamente está el origen, el núcleo duro del problema. No verlo es ya imposible. Y no querer cambiarlo, casi un delito. Los españoles están al límite y su paciencia se agota.

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domingo, 3 de marzo de 2013

La Junta de Andalucía incumple ocho sentencias contra la ley del enchufismo

griñán

José Antonio Griñán, Presidente de la Junta de Andalucía


Por Agustín Rivera

“No quiere echar marcha atrás. Empeñada en su postura, la Junta de Andalucía incumple resoluciones judiciales contra la ley del enchufismo, impulsada por el presidente José Antonio Griñán, por la que 25.000 personas se convirtieron en empleados públicos al ingresar en el conglomerado de agencias públicas creadas por la Junta de Andalucía sin haber pasado ninguna prueba. Estos trabajadores vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad exigibles a todo trabajador que accede a la función pública.

Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado hasta ocho sentencias desfavorables a la Junta (como ejemplo, la de la integración de la agencia de Obra Pública) por las que se anula la integración del personal procedente de empresas públicas y fundaciones públicas, ahora integradas en agencias dependientes del organismo autonómico. El Gobierno andaluz ha recurrido en las ocho ocasiones al Tribunal Supremo.

¿Por qué el Ejecutivo socialista no ha ejecutado estas sentencias? Sostiene la Junta que estas fundaciones y empresas de las que procedían los trabajadores han desaparecido por lo que ese personal no podría volver a reintegrarse en los órganos de procedencia, “motivo por el que considera que debe hacerse cargo de ese personal conforme a la sucesión empresarial a la que se refiere el artículo 44 del  Estatuto de los Trabajadores”, según explica el abogado Mariano Aguayo, socio-presidente del despacho de letrados Mariano Aguayo, y que ha presentado los recursos en nombre de la Asociación Al-Andalus y la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública.

Sin embargo, los decretos y protocolos de integración tienen como efecto “conferir al personal integrado la condición de empleado público, sin haber superado el procedimiento correspondiente, por lo que de mantenerse dicha integración se incurre en una clara y grave contravención con lo resuelto por las numerosas sentencias dictadas por los distintos órganos jurisdiccionales”, explica este letrado a El Confidencial.

Las 25.000 personas integradas en las agencias suponen, según Aguayo, “una carga inasumible para una administración que anda en época de recortes y que no cumple con los objetivos de déficit”. El pasado jueves se conoció que el déficit la Junta de Andalucía se situó en un 2,02% del PIB, frente al objetivo del 1,5% que estableció el Gobierno Central. El PP andaluz prevé un ajuste de 140 millones de euros en las cuentas de la comunidad. El Gobierno de Griñán niega que se vayan a producir recortes.

Enchufados del PSOE y UGT

“La Junta pretende una huida adelante. Si quiere mantener ese personal en las agencias públicas, que convoquen una oposición. El problema lo han creado ellos. No es la solución que entre gente por la puerta de atrás. Los que hay son sobre todo afiliados al PSOE, gente que ha abandonado cargos públicos y de UGT”, denuncia a este diario Joaquín Pérez, presidente de CSIF en Málaga.

Pérez admite que si se despide a ese personal el desempleo subiría en una comunidad autónoma que ya cuenta con el 35% de paro. “Es cierto, pero no decimos que los echen. Si los necesitan, que organicen un proceso selectivo, para ver si lo superan o no”, apunta el representante de CSIF, tras destacar cómo los interinos que aprobaron una parte de la oposición y el personal laboral sí están sufriendo los recortes de plantilla en la Junta.

Sin duda la agencia pública que más está sufriendo  este enchufismo es la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la fundación fantasma que consiguió en 2011 una subvención de 16 millones de euros cuando este organismo ya estaba extinto (en mayo de ese mismo año). Como ya publicó este diario el 10 de diciembre de 2012, sobre la Faffe siempre ha recaído la sombra del enchufismo (las 20.000 personas que forman la administración paralela de la Junta de Andalucía)  y de haberse convertido en un instrumento al servicio del PSOE de Andalucía. También se les acusa de contar con una amplia capacidad para captar palmeros para los actos organizados por la Consejería de Empleo, ahora integrada en Economía e Innovación.

Joaquín Pérez critica los despidos en esta fundación de los promotores de empleo (personal laboral) y de los interinos, mientras que continúan en sus puestos de trabajo los enchufados. “Hay personas que hacen el trabajo de los funcionarios y que pueden acceder a información sensible de la base de datos con el Hermes, un programa interno de la Delegación de Empleo. Con todos los respetos, es como si un policía local no puede hacer su trabajo y ponen a un jardinero a poner multas”.

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