La crisis de la deuda pública ya se ha materializado en recortes salariales de entre el 5% y el 20% para los funcionarios de Grecia, Irlanda, Letonia y California... Las cuentas de España ya están en el punto de mira con lo que no se puede descartar medidas similares a corto o medio plazo.
Por primera vez en muchos años, el mito del funcionariado público español (estabilidad de empleo y sueldo) está amenazado. La razón reside en el ingente despilfarro público aplicado por el Gobierno socialista con el ilusorio fin de reactivar la actividad económica.
El Estado registró un déficit de 59.310 millones de euros hasta octubre en términos de Contabilidad Nacional, el 5,63% del PIB, frente al déficit de 8.501 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Es decir, el descuadre de las cuentas públicas se ha multiplicado por siete en apenas un año. Los analistas no descartan que España cierre 2009 con un déficit superior al 10% del PIB. No obstante, el Gobierno está gastando el doble de lo que ingresa por vía fiscal.
España, aparte de contar con uno de los déficits públicos más elevados de la Unión, ya está siendo amenazada por nuevas rebajas en su calidad crediticia. Es más, un reciente informe de Credit Suisse lo deja muy claro al afirmar que España es "uno de los páises más vulnerables". "El crecimiento de la productividad ha sido de cero desde hace 20 años, por lo que España no puede innovar como vía de salida de la crisis".
El sector de la vivienda todavía sigue sobrevalorado, ya que no se ha producido aún el necesario ajuste de precios. Un sector que, en plena burbuja inmobiliaria, llegó a representar de forma directa casi el 20% del PIB. Además, el banco suizo señala que cuenta con un elevado sobreendeudamiento privado.
Por ello, "en nuestra opinión, la considerable reducción de los desequilibrios fiscales de España requiere de acciones políticas importantes que aún no han materializado". La única duda por despejar es qué servicios públicos decidirá recortar el Gobierno cuando el necesario ajuste presupuestario se convierta en un imperativo legal impuesto por la CE. Hasta el momento, los afectados ya han recortado el salario a los funcionarios. A la luz de esta experiencia, medidas similares no se pueden descartar en España.
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