“Contrataciones a dedo”

Carolina España, el alcalde Francisco de la Torre y Manuel Marmolejo. Foto: Málaga Hoy

El equipo de gobierno del PP en la Casona del Parque vuelve a verse envuelto en una polémica con las llamadas contrataciones a dedo. Ahora el edil implicado es Manuel Marmolejo, responsable de Polígonos Industriales y del distrito Bailén-Miraflores desde 2007 y antes director de distrito desde 2003, quien ha firmado desde 2006 hasta 18 adjudicaciones a la empresa de su cuñado, Greensur, por una cuantía cercana a 300.000 euros. Este comportamiento está prohibido por la Ley de Procedimiento Administrativo cuando existe parentesco de consanguinidad. Además, el Ayuntamiento adjudicó a la citada empresa 92 contratos menores por casi 2 millones de euros.
El edil compareció por iniciativa propia el jueves por la noche en el epílogo del Pleno municipal para anunciar que se abstendrá en el futuro en estos procesos de adjudicación y anunció que no piensa dimitir. De hecho, ayer fue refrendado por el propio alcalde.

Marmolejo contabilizó ayer que desde 2006 firmó un total de 11 adjudicaciones en distritos a la empresa del marido de su hermana (es uno de los dos socios de la entidad), por valor de 219.000 euros -el PSOE dice que son 220.000 euros-; y en 2008 otras siete del área de Polígonos, por valor de 59.512 euros. Como dijo en el Pleno, ayer subrayó que "ninguna de las adjudicaciones efectuadas a esta empresa han originado ningún quebranto económico para este Ayuntamiento ni a terceros".

Aquí viene lo mejor:

El regidor popular disculpó el comportamiento del edil de su equipo de gobierno haciendo referencia al "desconocimiento" que tenía de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que, no obstante, "no exime de su cumplimiento", tal y como subrayó. El supuesto desconocimiento, precisamente, fue el argumento empleado por Marmolejo que admitió su error y dijo que "rectificar es de sabios".

J. A. Navarro Arias. Más Información en Málaga Hoy

Señor Alcalde, en efecto, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Este argumento del “desconocimiento legal”  es falaz y una tomadura de pelo al contribuyente. Qué menos que un concejal debería conocer la Ley de Procedimiento Administrativo, o ¿para qué están los asesores jurídicos del Ayuntamiento? Esto suena a cachondeo y no huele bien.