Las víctimas, como siempre, son los ciudadanos. Rehenes, en primera instancia, de los controladores, pero también del Ejecutivo, incapaz de prever los acontecimientos. Foto: EFE
El panorama en el inicio del puente no puede ser más deprimente: cientos de miles de personas tiradas en los aeropuertos, cuatro millones de pasajeros afectados en Europa, un pequeño colectivo poniendo en jaque a España y un Gobierno desbordado por la huelga salvaje de controladores.
Las víctimas, como siempre, son los ciudadanos. Rehenes, en primera instancia, de los controladores, pero también del Ejecutivo, incapaz de prever los acontecimientos, pese a los incidentes del día anterior en Santiago, de las amenazas de movilizaciones y de que el largo puente de la Constitución constituía una pieza golosa para que el colectivo colapsara el espacio aéreo, a fin de poner a Zapatero entre la espada y la pared.
La reunión en la tarde de ayer del gabinete de crisis de Fomento resultaba un tanto patética. Lo mismo que la comparecencia de Rubalcaba anoche, explicando que ante la actitud de los controladores, el Gobierno ponía en marcha “los mecanismos previstos”, cuando la realidad es la contraria: el Ejecutivo se ha encontrado con un pulso que le ha estallado en las manos y le ha pillado, como suele ser habitual, in puribus.
Algo que podría haber evitado con un mínimo de previsión. Como si el Gobierno no se hubiera enterado de que los controladores iban a aprovechar el puente para enseñar los dientes tras el decreto, aprobado horas antes en el Consejo de Ministros, que regula su jornada laboral. La nueva norma incluye la posibilidad de militarizar el control aeroportuario y de obligar a los controladores a someterse a reconocimientos médicos en caso de baja.
Las medidas en sí son acertadas, pero aprobadas en el momento menos oportuno. Son un nuevo intento del Ejecutivo por meter en vereda al privilegiado gremio. Quienes tienen en sus manos el tráfico aéreo han devenido en una especie de mafia, con sueldos de 200.00 euros de media, que gestionan el acceso a la profesión y que, con la excusa de la seguridad, dosifican el ritmo de su producción hasta el extremo de trabajar ocho días al mes, en algún caso. El Gobierno ha querido poner coto a todo eso y el gremio ha reaccionado dándole una patada a Zapatero en el trasero de los pasajeros. Esta vez, ni siquiera han guardado las formas: se han declarado “incapaces para cubrir el servicio” y han provocado la mayor crisis aérea de España. Ante su actitud, que roza la delincuencia, sólo cabe aplicar la ley. Deberán enfrentarse a despidos disciplinarios, ya que su pulso puede constituir un delito.
Al margen de ello, y de que se aplique como una medida provisional la militarización de los aeropuertos, como ocurrió anoche, el envite debería servir para impulsar de una vez por todas la ley de huelga, asignatura pendiente desde la Transición, que sirva para poner coto al chantaje no sólo de los controladores, sino de otros colectivos como los pilotos, que se aprovechan de su privilegiada situación para poner en jaque a los ciudadanos.
Pero las culpas del grave trastorno causado a media España deben ser repartidas con el otro gran responsable, por imprevisión: el Gobierno. Las huelgas salvajes aéreas sirvieron para que gobernantes de talla como Reagan y Thatcher se crecieran y demostraran su firmeza. En el caso español tenemos el proceso inverso. El pulso de los controladores visualiza la nula capacidad y la endeblez técnica y moral de un gobernante errático que ya sólo produce daño. Y que se permite presumir haciendo creer que lo tiene todo bajo control, como aseguraba anoche Rubalcaba. Ningún español, y menos los que han quedado atrapados en los aeropuertos, nos merecemos a un Gobierno que nos mienta.
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