Zapatero y Griñán. Menuda pareja
Griñán blanquea el empleo negro de las empresas públicas
Pedro Tena / Antonio Barreda
Libertad Digital ha accedido en exclusiva al borrador de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se aprueba el Plan de Reordenación del Sector Público. El plan es una clara apuesta por la consolidación de la administración paralela que la propia Junta de Andalucía ha venido creando a lo largo de los últimos 25 años, y en la que no sólo pervive esta administración paralela, sino que, por primera vez, la creación de Agencias va a integrar con los mismos derechos al personal funcionario, al personal laboral de la Administración General y al personal de los entes instrumentales de empresas públicas, fundaciones y consorcios.
El personal de las empresas públicas y organismos sin control parlamentario alguno será el gran beneficiario de la creación de las Agencias. En primer lugar, mantiene su convenio de origen hasta que se negocie el Convenio Unificado de la Agencia, momento en que se iguala en derechos con el personal laboral y funcionario de la administración general de la Junta de Andalucía integrado en la Agencia. Pero recuérdese que este personal de empresas públicas y fundaciones, que será así personal público de la Junta andaluza, no ha pasado por los principios reguladores del acceso a la función pública andaluza marcados en la Ley 6/85 de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Es decir, no ha pasado ni por oposiciones, ni concurso-oposiciones, ni por concursos. Al pasar a estas Agencias y al entrar en vigor el Convenio Único de la Agencia se igualan en derechos al personal laboral y funcionario de la administración general integrado en estas agencias que sí han pasado por los procesos regulados de acceso a la función pública andaluza, recogidos en la citada Ley 6/85 de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Esto es, la Junta andaluza quiere blanquear de ese modo todo el empleo "negro" creado a dedo en su Administración Paralela promoviendo, además, una sabrosa operación electoral porque la medida va a afectar a un mínimo de 28.000 votantes directos de tales empresas y organismos.
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