José María Mollinedo, secretario general de la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), destaca que todavía no se pueden dar cifras definitivas porque el Gobierno no ha incluido en el BOE el detalle exacto de cómo afectará el recorte a cada categoría de funcionarios y a cada concepto de la nómina.
Lo anunciado por María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado tras el último Consejo de Ministros de este jueves es que “los porcentajes oscilarán del 0,56% al 7%, dependiendo del grupo y en función del nivel. En el caso del personal laboral, la media será del 5%”.
Sin embargo, desde Ghesta se denuncia que los cálculos reales pueden esconder una realidad muy diferente. El sueldo de un funcionario público se compone de tres partes: (1) sueldo base y antigüedad; (2) complemento específico y de destino; (3) complemento de productividad.
Según Mollinedo, lo que se ha anunciado hasta ahora es que el recorte será progresivo sólo en la primera parte, la que afecta al sueldo base. En la parte del complemento específico y de destino será de un 5% lineal para todos los funcionarios. Y de la parte del complemento de productividad no se ha dicho nada todavía.
El problema es que este último concepto es mucho más importante según se sube en la escala administrativa. De esta manera, para los funcionarios del grupo E (los que menos cobran) puede suponer unos 1.700 euros al año, mientras que para los altos cargos políticos y los funcionarios de niveles más altos puede rondar los 30.000 de media. De esta manera, si se deja intacto lo que se recibe por esta vía, se obtendrá un descenso que no llegará al 5% anunciado por el Gobierno y que, además, afectará más a los cargos intermedios que a los más elevados.
Desde Gestha se recuerda que este complemento de productividad sólo supone un 9% del total del gasto de personal pero está repartido “en forma de pirámide invertida”, con una cúspide muy ancha y una base estrecha. Por eso, si se confirma que el Gobierno no tocará este concepto (y hasta ahora no hay nada en las declaraciones de ninguno de sus miembros que pueda hacer pensar que se hará), no serán los cargos políticos los que más sufran el recorte, al revés de lo que se ha anunciado repetidas veces en los últimos días.
Según el plan de ajuste previsto por el Gobierno, Andalucía será la comunidad autónoma en la que se verán afectados un mayor número de empleados de la Administración, con 499.974 funcionarios. A continuación se sitúan la Comunidad de Madrid, con 427.650 empleados, Cataluña (302.072), la Comunidad Valenciana (228.453) y Castilla y León (174.784 empleados).
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