En la decisión de Zapatero de recortar un 5% los salarios públicos (recorte que para algunos quizá ascienda a casi el doble) han debido jugar tres consideraciones esenciales, dos de ellas evidentes: la cantidad de dinero que el Estado se ahorrará y la facilidad para tomar tal decisión. La tercera, menos clara, no es, sin embargo, menos importante: el cálculo sobre el coste electoral de la medida.
Los afectados por el recorte y, por tanto, los potenciales cabreados por una decisión que discrimina a los españoles no en función de sus salarios sino de su condición laboral, serán en torno a tres millones. De ahí deben descontarse, claro, los afectados socialistas más sectarios, que se quedarán tan contentos o incluso aplaudirán un ajuste que les parecería intolerable de haber sido adoptado por Aznar. Sí, es increíble, pero hay gente para todo.
Sin embargo, Zapatero ha asumido el riesgo de perder votos entre el funcionariado partiendo del principio de que al resto de la población no le importará, o aun le encantará, que se cargue la mano sobre esos privilegiados, cuando no malvados, empleados.
Sin duda, los trabajadores públicos tienen una seguridad en el empleo de la que carecen otros colectivos, aunque hay muchos en los que la seguridad es de hecho similar, y no va podárseles el salario de la noche a la mañana, cosa excepcional a la que nadie se ha atrevido en treinta años. Pero no es esa la cuestión.
La cuestión es que la seguridad laboral de los funcionarios no es un privilegio para ellos, sino una necesidad del servicio para cualquier burocracia moderna. La cuestión es que muchas personas se hacen funcionarias porque el sector público es el único en que la selección por mérito y capacidad les permite competir en condiciones de igualdad al margen de su origen. La cuestión es que la Administración es el patrón que mejor garantiza una absoluta igualdad de trato laboral a hombres y mujeres. La cuestión es que la mayor parte de los empleados públicos cobran salarios muy bajos y que todos han perdido a lo largo de estos años muchos puntos de poder adquisitivo, tras haber sido congelados sus sueldos, durante más o menos tiempo, por todos los Gobiernos. Y la cuestión es, en fin, que existen muchos sitios en los que se puede ahorrar sin necesidad de bajar los salarios -y, lo que es mucho más grave, de congelar las pensiones- de unos colectivos que son el chivo expiatorio de todos los ajustes.
De hecho, resulta incomprensible que si ser funcionario es una cosa tan apetitosa y formidable, Zapatero, Blanco, Chacón o Jiménez (por hablar solo de quienes están en el cogollo de la cosa) hayan decidido dedicarse a la política en lugar de a preparar oposiciones. Qué raro, ¿no?
Roberto Blanco Valdés, en la Voz de Galicia
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