¿Cuántos millones han desaparecido en financiación ilegal de partidos políticos? ¿Y en comisiones pagadas por empresas a políticos para lograr contratos de la Administración? ¿Y en desvíos de fondos públicos hacia paraísos fiscales y en indemnizaciones para los responsables de la quiebra de las antiguas cajas de ahorros? ¿Cuánto dinero se ha gastado en comisiones y concesiones irregulares para construir obras faraónicas? ¿Y en subvenciones públicas para empresas de amigos y familiares? ¿Cuantos cargos de confianza y asesores sobran...o no son necesarios? ¿Cuanto de cuanto sale de nuestros bolsillos, o recortan el sueldo, o nos suprimen la paga extra...?
Afirmar que un maremoto de corrupción ha hundido la economía española no es una novedad a estas alturas. Como tampoco lo es que la subida de impuestos, el crecimiento del desempleo, la bancarrota de las Administraciones Públicas o el fallecimiento de pymes y autónomos es consecuencia de lo anterior. La impagable deuda y el desbocado déficit de España no son consecuencia de la crisis económico-financiera, sino de la institucionalización de la corrupción y el despilfarro de los gestores políticos.
¿A alguien le sorprende que España sea un país de referencia en materia de fraude fiscal y economía sumergida? ¿Es ético y moral que el Gobierno imponga impuestos confiscatorios y exija honestidad fiscal a los ciudadanos, a las pymes y a los autónomos mientras multitud de gobernantes políticos corruptos (tanto del PP como del PSOE) siguen protegidos por nuestra politizada Justicia?
La lista de defraudadores que prepara el Gobierno debe estar precedida de otra lista, aún mucho más numerosa, integrada por políticos corruptos. Si el Gobierno pretende combatir el fraude fiscal y la economía sumergida debería comenzar por despolitizar completamente la Justicia y dar ejemplo. El PP, el PSOE, CiU y el resto de partidos no pueden seguir tapándose mutuamente los casos de corrupción. El ejemplo por parte de los gobernantes es inexistente y, consecuentemente, multitud de ciudadanos piensan que sus impuestos están gestionados de forma corrupta.
Las ilegalidades manifiestas de antiguos presidentes, los actuales, los consejeros y familiares, y un largo etcétera.... suponen una fórmula de gestión habitual y extrapolable a otras muchas administraciones públicas españolas. La Administración ha sido secuestrada por los políticos y se ha convertido en una fuente de corrupción. El clientelismo y el nepotismo han sido la única forma de gestión.
Después de un año en el poder, el Gobierno ha creado una comisión para estudiar las deficiencias, duplicidades y triplicidades de la Administración, antes de proceder a dar solución al verdadero problema: LOS MILES DE POLÍTICOS Y FAMILIARES QUE SE HAN ENRIQUECIDO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. Sin duda, se está riendo de las familias, las pymes y los autónomos, que no pueden seguir financiando una insaciable Administración mediante unos impuestos abusivos.
Nuestro sistema democrático está totalmente viciado, las instituciones públicas se encuentran absolutamente desprestigiadas y el desencanto de los ciudadanos con la casta política es creciente e imparable. ¿Es culpable la sociedad, al igual que los políticos, de la degeneración de nuestra democracia? El efecto narcotizante del bienestar y la salud económica de tiempos pasados todavía está presente, puesto que la sociedad sigue en un estado contemplativo de sumisión y soporta todo tipo de corruptelas políticas.
La sociedad civil, los ciudadanos, los trabajadores, los empleados públicos, los padres de familia, los ancianos, las pymes y los autónomos, masacrados todos por los impuestos y la ineptitud de los Gobiernos, deben tomar la iniciativa y formar parte de una sociedad civil que hace más falta que nunca. En Cataluña, muchas compañías están molestas por la corrupción y la deriva independentista de CiU y ERC pero no se atreven a manifestarlo en público. ¿Falta de valentía de los empresarios?
La casta política desea mantener el sistema tal como está y, por el contrario, los ciudadanos demandan un cambio radical del mismo. Una sociedad civil unida, madura y solidaria, ni de derechas ni de izquierdas (conceptos obsoletos), debe emerger para cambiar unos usos y costumbres que la casta desea perpetuar porque son su fuente de privilegios. Unos privilegios que están destruyendo la sociedad y la economía española.
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