Los empleados públicos

“Los empleados públicos”. Por Tomás Salinas García

A ver si consigo aclararlo y con ello, a lo mejor, a alguno  se le abren los ojos y empieza a distinguir, que con el pecado común y propio de generalizar tendemos a meter en el mismo saco a todo dios. Y esto ha convertido a la función pública en un Titanic de mercadillo, pasajeros de distintas castas en distintas categorías, la masa currante hacinada en la bodega y los privilegiados, junto a tripulación y oficialidad, con entrada de primera para los botes salvavidas, que esto se hunde.

Los empleados públicos, esos adoradores del maligno a los que los ineptos gobernantes recurren para desprenderse de sus culpas y cargar con sus responsabilidades. La Ley los define como aquéllos que desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales y los clasifica en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, personal eventual y personal directivo. Y esa misma ley fija, para todos ellos, como fundamentos de actuación, entre otros, el servicio a los ciudadanos y a los intereses generales, la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, la objetividad, la profesionalidad y la imparcialidad en el servicio, la transparencia y la responsabilidad en la gestión. Para todos los empleados públicos.

Es decir, todo aquél que cobra de una administración por el trabajo que realiza para ella es un empleado público y debe cumplir los principios establecidos. Hasta ahí de acuerdo. Pero es a partir de este punto donde se lía la cosa, porque bajo este paraguas se camuflan muchos que pervierten dichos principios y que han prostituido el concepto de empleado público. Y esta perversión es la que lleva a pueblo soberano que paga las nóminas a confundir churras con merinas.

Empiezo el desglose de los fundamentos de actuación, englobando a los funcionarios y el personal laboral en un grupo, y al personal eventual y el político en otro, más que nada por no mezclar los sabores y los olores. Punto uno. Igualdad, mérito y capacidad en el acceso. Para los del primer grupo, que se han tenido que currar un proceso selectivo, estos conceptos están más que claros. Para los segundos, los digitales, es que me meo todo. Bueno, casi todo. Porque, a ver, sin generalizar que gente buena hay en todas las casas, la capacidad está por demostrar, vistos los resultados. Ahora bien, la igualdad sí se cumple, ya que igual da del partido que sea el agraciado con el empleo a dedo, que buen sueldo tendrá. Y en cuanto al mérito, permitidme que no escriba lo que pienso, que muchas y variadas son las formas de hacer méritos y no me apetece ser vulgar.

Punto dos. Lo de someterse a la Ley y al Derecho. Los del grupo trabajador no tienen otra, el sistema lo establece, lo vigila, lo protege y lo sanciona cuando se tercia. Pero los del grupo digital, ¡ay, señor, los del grupo digital! Ya no es que muchos se pasen por el forro la ley, el derecho, la justicia, la ética y lo que sea necesario, pues con ellos no va el tema. El problema es que son ellos mismos, los corsarios, los que legislan para su beneficio. Y, como tontos no son, artículo sobre artículo, decreto por aquí y por allá, se construyen un chalé con búnker y nos dejan las casas de paja y de madera al resto de los cerditos para que nos las tumbe el lobo. El sueldo en la cartilla todos los meses es lo único que les interesa.

La objetividad, la profesionalidad, la imparcialidad, la transparencia, la responsabilidad en la gestión, los intereses generales y otras menudencias sin importancia me las dejo para dirimir mañana, que hoy ya se me ha descompuesto el cuerpo, será un virus, ya sabéis. Pero, por el momento, parece que las diferencias entre el grupo de los funcionarios y el otro asoman nítidas entre los escombros del sistema. ¿O no?

Lo dicho. Mañana, más.

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Y Gallardón secuestró la Justicia

Javier Benegas [en Vozpopuli.com]

Decía Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, que "no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia". Esta cita tan inspirada parece aludir a una sociedad como la española, que, bajo la apariencia de un Estado de Derecho, vive a la sombra del abuso legislativo; leitmotiv de la nación política al que se suman con entusiasmo inquietantes solistas, como el virtuoso Gallardón que, quizá inspirado por Montesquieu –entiéndase tal inspiración en el peor sentido imaginable–, nos regala, envuelto en la formalidad de lo que es Ley, un colosal atropello: la Ley de Tasas Judiciales.

Digámoslo claramente y ya desde el principio, dicha ley supone dar el golpe de gracia a nuestra maltrecha Justicia; una felonía sólo equiparable a aquella nefasta Ley Orgánica de 1985, con la que Felipe González –otro virtuoso estatista, enemigo de las libertades individuales–, so pretexto de evitar que la judicatura quedara en manos de una mayoría de jueces franquistas, sometió el Poder Judicial al control del Legislativo. Lo que en la práctica supuso privar a nuestra democracia de uno de sus más imprescindibles atributos: la separación de poderes.

¿Por qué no al euro por receta y sí a la tasa por denuncia?

Arguméntese como se quiera o defiéndase de mil y una maneras, pero el hecho es que esta ley expulsa de los juzgados a decenas de miles de demandantes, cuyas apelaciones a la Justicia no son en modo alguno cuestiones menores, pleitos fruto de enemistades pueriles o querellas irrelevantes. Muy al contrario, la tasa variable, de la que, dicho sea de paso, no se ha hablado como es debido, penaliza duramente y con toda intención a aquellas causas de mayor cuantía y, por tanto, a priori más graves. Es decir, se penaliza a aquellas denuncias interpuestas, generalmente por particulares, que en no pocos casos van dirigidas contra los bancos, sus derivadas, que son las aseguradoras, y las grandes corporaciones, cuando no contra unas administraciones públicas morosas, que abusan, y mucho, de una posición dominante.

Por eso, más allá de las excusas que desde el Gobierno o el propio ministro del ramo se ofrecen, siempre con esa tierna melodía de fondo de que los más desfavorecidos no se verán perjudicados –cuánta bondad hay en los corazones de vuesas mercedes, y cuán a menudo se muda en tropelías –, urge poner blanco sobre negro y formular la pregunta correcta: quid prodest; esto es, ¿quién se beneficia de esta ley? La pregunta es obligada, habida cuenta de que, para la mayoría de ciudadanos, esta ley, lejos de suponer algún beneficio, les expulsa extramuros del Estado de Derecho. Y nadie, por muy Gallardón que sea, comete semejante torpeza si no es por una razón poderosa. La cuestión es si tal razón existe. Y de existir, dirimir si ésta es inconfesable.

Alberto Ruiz Gallardón y la huida hacia delante

Al margen de afinidades ideológicas, entre los profesionales del ramo, jueces a la cabeza, corre la especie de que las fuerzas emboscadas en la nación política son las promotoras de esta aberración jurídica. Y la hipótesis es que la proverbial lentitud de nuestros tribunales ha colmado la paciencia de los poderosos. Y hartos de guardar turno como el resto y esperar años el dictado de sentencias que les liberen de ciertas preocupaciones, –no siempre o no sólo económicas–, ellos, que pueden, han dado un puñetazo en la mesa, exigiendo que se desaloje a la plebe de los tribunales. De ahí que el príncipe Gallardón, que nunca da puntada sin hilo, haya decidido hacer uso y abuso de las tasas judiciales fijas y variables –estas últimas son sangrantes– para privatizar la Justicia. Y, de ahora en adelante, pleitos tengan los comunes… si es que pueden pagarlos.

En lo que respecta a las tasas fijas, hasta cierto punto pueden entenderse, siempre y cuando estemos en sintonía con ese afán, más que recaudatorio, confiscatorio del gobierno, dispuesto como está a dejar a las clases medias como Dios las trajo al mundo, antes que agachar la cerviz ante las presiones que vienen de fuera, ya que ello supondría el desguace obligado de no pocos chiringuitos políticos y la liquidación de intocables emporios empresariales. Pero el disparatado baremo de las tasas variables sólo puede entenderse como un cortafuegos con el que se pone coto a la avalancha de denuncias que los particulares, autónomos y pequeños empresarios interponen, en estos tiempos turbulentos, contra bancos, corporaciones, administraciones públicas y demás corralitos. Sin ir más lejos, como botón de muestra, ya tengo noticia de varios casos en los que un importante banco se va a librar de tener que aflojar el parné, porque quienes iban a cursar demanda, arruinados como están, no pueden asumir los más de11.000 euros que esta ley exige para que se les haga justicia. Y dudo mucho que les sea concedido un crédito, teniendo en cuenta la finalidad del dinero.

El Estado como negocio

Sea como fuere, el ambiente entre abogados, fiscales y jueces, al margen de ideologías, es de unánime indignación. Y su perplejidad inicial, vista la magnitud del estropicio, está dando paso al miedo. Tal como me aseguraba un prestigioso abogado, “Asistimos al nacimiento de un corralito judicial que quizá se esté anticipando a problemas aún mayores”. Un ataque en toda regla al estado de Derecho, mediante una ley que parece estar hecha a la medida de nuestros tradicionales oligopolios (sea intencionado o no, es ya una de sus principales consecuencias). En resumen, todo apunta a que las oligarquías imponen la visión del Estado como negocio. O mejor dicho, del Estado como su negocio. Y la Justicia no podía, no debía, quedar al margen de sus manejos.

La Justicia para todos: garantía de desarrollo económico

Urge detener esta huida hacia delante, a la que no sólo se han sumado pésimos gobernantes, sino también las fuerzas emboscadas en la nación política. Porque España no es una decena de grandes empresas, ni un puñado de bancos, ni tampoco una clase política que se resiste a predicar con el ejemplo. Es mucho más que eso, o al menos debería serlo. Y como ya escribí en su día, el progreso y la prosperidad futura no sólo dependerán de reformar el mercado laboral, aumentar nuestra competitividad, sanear y reestructurar el sector financiero y reducir nuestra deuda pública y privada, sino que están íntimamente ligados al buen o mal funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Porque, en última instancia, lo que termina por engrandecer o destruir a una nación no son los ciclos económicos, sino el buen funcionamiento de sus instituciones. Y,muy especialmente, de aquellas que tienen que ver con la Justicia.

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Había una vez un circo

“Había una vez un circo”

Muy diferente al que quiso transmitirnos ese entrañable personaje que hace pocos días nos dejaba. Como el de Miliki, el circo de ahora también tiene ‘payasos’, solo que estos no hacen reír, ni serán recordados con cariño en treinta años. Al menos eso espero. 

Tampoco las 'aventuras' se parecen en nada a las de la época, ni la lona, ni la arena. Ahora las aventuras se desarrollan en otros lares, en la política. 

Una de esas andanzas la protagonizaban estos días 'los viajes del alcalde'. Este episodio ha quedado lejos de provocar inocentes carcajadas, aunque no por los viajes en sí. Sobre ellos no cabría reproche alguno. Tampoco sobre el mismo regidor, un indiscutible ejemplo de honestidad, independientemente de sus desaciertos en cuestiones políticas.

Con la tardanza en explicar lo que a todas luces era explicable el alcalde de Málaga ha permitido que continuara el espectáculo, lo que ha provocado alguna que otra (esta vez sí) 'carcajada' después de escuchar al PSOE pedir justificaciones de todos los viajes y solicitar que se devuelva el coste de los mismos. Es una propuesta sana, salvo por el detalle de que el PSOE no es capaz de trasladarla a todas las instituciones.

De hecho, esta carcajada parece que retumba si partimos de que el PSOE aún no ha movido un ápice para que se devuelvan los más de 85 millones de euros defraudados en los ERE, según ha cuantificado la propia Junta de Andalucía. La función continúa en el Parlamento andaluz con una comisión de investigación que señala al chófer, a Guerrero y al que pasaba por allí para evitar culpar a quien debe. Un dictamen que hace sentir 'asqueada' a IU, según defiende. Claro que el 'asco' con pan da menos asco. Lo cierto es que continúan tragando con lo que cada día se conoce de los ERE de sus socios, haciendo que lo que antes era innegociable pase a ser digerible.

La Junta de Andalucía tampoco se queda fuera del ‘espectáculo’ con el oscuro asunto de las fundaciones, un tema del que, mucho me temo, sólo asoma la cima. Uno de los aspectos más preocupantes es la millonada en subvenciones que se conceden en nombre de entidades cuyas funciones no acaban de quedar claras. Recordemos el caso de los quince millones que la Junta de Andalucía concedió a una fundación extinta para la construcción en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga de un centro dedicado a algo tan ambiguo como la ‘innovación’. Estas obras nunca culminaron y lo que ahora queda es el esqueleto de un edificio que la misma empresa constructora defiende que continuará cuando la Junta de Andalucía le pague. Si la Junta de Andalucía ya concedió y presupuestó la subvención pero la empresa no ha cobrado, ¿dónde está el dinero?

Por aberrante que parezca, este no es el único caso de subvenciones a la administración paralela. Esta semana conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha tumbado una subvención de dieciséis millones de euros a otra fundación extinta. Esta vez se trata de la Faffe (Fundación Andaluza Fondo, Formación y Empleo, una empresa pública más vinculada al PSOE que a la Junta) cuyas funciones asumió el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En este caso, se ha paralizado la subvención, pero en otros tantos el dinero se ha perdido por el camino. Me pregunto, e imagino que no seré el primero, si alguien ha pensado en devolver estas desorbitadas cantidades de dinero público.

A este respecto, si se conceden estas subvenciones entiendo que es porque hay dinero para hacerlo. Sin embargo, chirría, cuanto menos, que sí haya liquidez para subvencionar entidades de la administración paralela y no para el mantenimiento y el fomento del empleo. De hecho, a pesar de los reiterados recortes en materias básicas como la sanidad, la educación y la dependencia, la Junta de Andalucía sí ha contemplado en los presupuestos para 2013 una partida de 86,5 millones al mantenimiento de las fundaciones, una cantidad que sólo ha reducido un 5% respecto del año anterior.

Pero tampoco las 'aventuras' del Gobierno con la Ley de Tasas nos arrancan las mismas sonrisas que nos arrancaba Miliki. El PP está privando del derecho al acceso a la justicia a los más desfavorecidos, obligándoles a pagar por un servicio que, no nos olvidemos, el ciudadano ya mantiene con sus impuestos. En definitiva, con esta nueva normativa se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. El Gobierno acaba de implantar una justicia para ricos, otra para pobres y otra para los partidos políticos.

Así es. Se las han arreglado para dejar exentas de tasas las demandas contra actos de las juntas electorales. O dicho de otro modo, los partidos en sus campañas electorales no tendrán que abonar tasas por recurrir al juzgado contra decisiones que les afecten. De esta manera todo el dinero que reciben los partidos políticos de parte del Estado, que no es poco, se destinará a autobombo y propaganda. Y todo esto mientras los españoles pagan.

Miliki no se equivocó hace treinta años cuando cantaba: "El circo daba siempre su función…", ya que, lamentablemente, a este circo aún le queda bastante cuerda.

Joaquín Pérez. Presidente de CSI-F. Málaga

Judicatura, sobreendeudamiento familiar y protección del deudor

Es curioso comprobar cómo una judicatura a la que tradicionalmente se tacha de conservadora, en un reciente estudio promovido por el Consejo General del Poder Judicial titulado Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles, que incluye un anexo, el único anexo por cierto, sobre Propuestas en materia de sobreendeudamiento familiar y medidas de protección del deudor frente a las consecuencias de la ejecución hipotecaria (deuda, aval y pérdida de la vivienda), redactado por el Juez Pedro Luis Viguer, realiza una durísima valoración del origen y resultado de las burbujas inmobiliaria y financiera en España.

No es cuestión de ideologías, ni pretendo sugerir que nuestra Judicatura tenga unas u otras. Pero sí creo necesario destacar que, frente a su habitual exposición a la crítica en el ejercicio de su función jurisdiccional por parte de personas que ostentan cargos representativos y que carecen de la más mínima cualificación jurídica, tienen mucho que aportar al debate y a las necesarias transformaciones que ha de experimentar nuestro modelo de sociedad.

La verdad es que este comentario pudiera acabar aquí, con una pura y simple remisión al citado anexo, pero quiero estimular su lectura destacando algunas de las afirmaciones, que difícilmente pueden dejar de compartirse, que en él realizan sus autores. Y es que, para ellos, fueron el exceso de confianza motivado por las burbujas inmobiliaria y financiera (dos, no una, dos) y el sueño de muchos ciudadanos de tener un hogar propio el origen “de una generalizada extensión del crédito hipotecario sin valorar las posibilidades reales del deudor y en la comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos”. En suma, la mala praxis de las entidades bancarias, no sólo de las cajas, es el origen de la situación actual. Estalladas ambas burbujas (no una, las dos) se recapitaliza a los bancos, que limitan el crédito, pero no a los ciudadanos sobreendeudados, incapaces de hacer frente a la cuotas de los préstamos contraídos, como hubiera puesto de manifiesto una prudente valoración de riesgos, y que se ven abocados a la subasta y adjudicación de sus viviendas por un precio inferior al de compra con el consiguiente riesgo de exclusión social. Desde el inicio de la crisis, como apuntan los autores, las ejecuciones hipotecarias rondan ya las 350.000 y continúan al alza.

Afirman literalmente, con cierto voluntarismo, que “a estas alturas ya nadie discute que las entidades bancarias no han sido ajenas al estallido de la burbuja económica que ha generado la crisis y en no pocas ocasiones han actuado con cierta ligereza en la concesión de créditos hipotecarios. A pesar de ello disponen de una importante ventaja frente a cualquier acreedor, un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909 debido a la presión de los bancos”. Los bancos, así, disponen de un título ejecutivo que goza de mayor eficacia incluso que una sentencia, que les permite adjudicarse los inmuebles ejecutados por precio muy inferior al de mercado que ellos mismos aceptaron (al aceptarlos como garantía), que aboca a la exclusión social, sin miramientos, a muchos de los deudores víctimas de tales privilegios obviando cualesquiera otras responsabilidades y consideraciones.

Estamos ante una situación excepcional que requiere soluciones excepcionales, afirman los autores del informe, partiendo de la extensión “al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) [de] una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”. Son precisas soluciones equilibradas porque las de ahora, desde luego, no lo son, ni parecen suficientes las medidas, que comenté ya en este blog, arbitradas por los Reales Decretos-ley 8/2011, de 1 de julio, o 6/2012, de 9 de marzo, ya no sólo por su carácter voluntario sino por lo limitado de su ámbito subjetivo y objetivo. El efecto de las medidas adoptadas ha sido testimonial según afirman y cualquiera podría constatar. Y, por ello, plantean otras, sin llegar a cuestionar el principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil, pero sí restableciendo en gran medida, a mi juicio y ésta es mi opinión, el equilibrio entre partes, quebrando un injustificado privilegio procesal a favor de los bancos cuyos efectos, tanto generadores de un mercado enfermo como determinantes de la exclusión social de deudores que ellos mismos consideraron solventes, bien a la vista están. A las citadas Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles me remito. Es mucho lo que proponen y aportaría todavía más para aliviar el sufrimiento de muchos y prevenir burbujas de otros.

Gracias, Señorías, de veras. Alimentan ustedes la esperanza.

Julio Tejedor Bielsa

Orozco y Amaury Gutiérrez - Se Me Escapa el Alma

Antonio Orozco y Manuel Carrasco-“Irremediablemente Celos”

Balance económico de Rajoy: peor imposible

El paro en máximos históricos, la deuda desbocada y los impuestos fuera de control. Con Rajoy hay crisis para rato.

Hace ya un año que Mariano Rajoy ganó las elecciones por una mayoría absoluta histórica: 186 escaños y cerca de once millones de votos. La campaña electoral tuvo como tema prácticamente único la crisis económica. Los socialistas, gravemente tocados tras la última y desastrosa legislatura de Zapatero, poco podían ofrecer para sacar al país del atolladero en el que ellos mismos le habían metido. Rajoy, sin embargo, centró sus promesas en la recuperación económica. Según él sólo el PP podía acometer semejante tarea. Y los españoles –por activa votándole o por pasiva dejando de votar al PSOE– se lo creyeron.

Ha pasado un año y España no sólo no ha salido de la crisis, sino que se ha hundido todavía más en ella. No hay un solo indicador que invite al optimismo. En los últimos doce meses el paro ha crecido, ha continuado la destrucción del tejido productivo y la deuda pública ha alcanzado límites difícilmente sostenibles en el corto plazo. La situación es de extrema gravedad. El dinero ha comenzado a abandonar el país a toda prisa y, con él, los trabajadores más preparados y productivos. España no es todavía Argentina, pero ya empieza a parecerse mucho a ella.

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